*La situación provocó protestas airadas por las calles de la ciudad y frente a la Alcaldía, el aumento en el precio del pasaje del transporte público colectivo, es otro de los ingredientes para salir a las calles. Los nuevos valores empezarán a regir desde el próximo jueves 15 de septiembre.
Pero al tiempo que se daban las protestas la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, se reunía con 14 líderes de las asociaciones creadas por mototaxistas para hablar de la prórroga del Decreto 210, sobre la norma que prohíbe el parrillero hombre y allí plantear a través del diálogo las diversas estrategias de seguridad enfocadas en la prevención de delitos contra la ciudadanía.
Por el momento hay dos visiones totalmente opuestas entre muchos motociclistas y mototaxistas y lo que piensa el gobierno distrital, la principal de ellas es que la prohibición del parrillero hombre, no ha menguado la acción criminal del sicariato que precisamente tiene como principal actor el uso de la moto para cometer la fechoría.
“El primer artículo del acto administrativo que prohíbe la circulación de acompañantes o parrilleros niños y niñas menores de 10 años, mujeres en estado de embarazo, adultos mayores de 60 años de edad, personas de sexo masculino mayores de 14 años, es demasiado drástico, hay familias como yo que tenemos una moto en casa y con ella es que llevó a mi hijo menor al colegio, y luego me pongo a trabajar, así será muy difícil sostener mi hogar”, dijo Francisco González, habitante de la ciudadela 29 de Julio y que se sumó a la protesta.
En criterio de la alcaldesa Virna Johnson, su gobierno ha estado abierto al diálogo y la concertación “Nos reunimos para trabajar en equipo y entre todos aportar para la seguridad de la ciudad. Los líderes de mototaxistas con los que nos reunimos no están de acuerdo con el vandalismo, no están de acuerdo con acciones que vayan en contra de la infraestructura pública del Distrito, porque saben que este gobierno del cambio se caracteriza por concertar”.
Durante la jornada de trabajo llevada a cabo en el Salón Blanco se abordó la iniciativa de la administración distrital de reorganizar cada una de las asociaciones, la formación y reconversión laboral para que puedan iniciar sus emprendimientos o conseguir un empleo formal, que les permita garantizar el bienestar de sus familias.
En esa reunión el representante de la Cooperativa de Mototaxis de Santa Marta, Coomosama, Misael Posada, quien cuenta con 150 asociados y más de 12 años de experiencia, destacó la voluntad de diálogo que tiene la alcaldesa Virna Johnson para trabajar en beneficio de toda la población, su posición sin duda también genera controversia. “Nosotros que vivimos del día a día nos acogemos a las normas porque vemos que en la ciudad hay una fuerte adulteración de placas y se ve el parrillero hombre, está bueno que se tomen los correctivos”, dijo Posada.
Pero el gobierno criticó de manera dura que la protesta pasará a convertirse en actos vandálicos y dejó por sentado que esta actividad es una acción de inescrupulosos. “Es dudoso el liderazgo manipulado de la marcha de motociclistas, sus intereses son individuales y politiqueros, enemigos de la ciudad. Motociclistas de otras ciudades fueron convocados, nos reunimos en la Alcaldía con los representantes del gremio en Santa Marta”.
La otra polémica
Otra discusión se está dando ante la expedición del decreto 211 del 2022 por medio del cual se actualiza la tarifa del transporte público colectivo de pasajeros, la cual comienza a regir en dos días
“Las nuevas tarifas quedan fijadas a partir del próximo 15 de septiembre en $2.150 para busetones, buses, busetas y microbuses sin aire acondicionado y $2.200 para los vehículos nuevos, climatizados y que cuenten entre otros beneficios, con acceso a personas con movilidad reducida”. Explicó el secretario de Movilidad Víctor Medina.
Asimismo, en consonancia con la escalonabilidad planteada en el decreto nacional 1079 del 2015, a partir del 1 de enero del 2023 por la utilización de este medio de transporte será de $2.300 para los busetones, buses, busetas y microbuses sin aire acondicionado y $2.400 para los vehículos climatizados.
Para el caso de los estudiantes de las IES públicas el pasaje quedó tasado en $1.800 desde el 15 de septiembre, venían pagando 1.600 pesos. ” Nosotros los estudiantes universitarios también queremos un beneficio y no lo tenemos, están planteando un esfuerzo colectivo para ayudarnos, y hoy no estamos incluidos en ninguna decisión administrativa”, dijo la representante de los estudiantes de UNIMAGDALENA en el Consejo Superior Ginna Sarmiento.
Finalmente, la alcaldesa Virna Johnson aseguró que no tolerará ningún acto vandálico en la ciudad. “Habrá consecuencias para los responsables de estos actos vandálicos, el derecho a la protesta se respeta, pero autoridades desde hoy trabajan en la identificación de los responsables de los actos vandálicos”.
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