El proyecto para unificar las elecciones presidenciales y legislativas con las locales y departamentales, y de esa forma extender el mandato del presidente Iván Duque y el actual Congreso por dos años más, nació muerto.   Desde antes de hacerse oficial la propuesta, el fantasma rondaba los pasillos del Capitolio y varios sectores de oposición se movían en contra de la idea. Por eso, cuando finalmente se conoció el texto, solo fue cuestión de horas para que se desechara. La presión ciudadana y de múltiples sectores, oficialistas y de oposición, hizo que ni siquiera se lograra radicar la controvertida iniciativa.   El camino hacia el fracaso del acto legislativo comenzó en la primera semana de marzo. En ese momento el senador liberal Luis Fernando Velasco denunció por redes sociales que desde el Gobierno se estaba llamando a legisladores cercanos para sondear la posibilidad de extender los períodos de Presidencia y Congreso. Las denuncias de Velasco cogieron fuerza y la oposición pidió que Duque se manifestara y dejara claras sus intenciones. Sin embargo, voceros del Gobierno, como el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguraron que “la extensión del período presidencial no está en la agenda”. Aun así, la intranquilidad siguió, pues nunca hubo una declaración propia del presidente que rechazara la propuesta. Y así llegó el inicio de las sesiones legislativas de 2021.   Y fue en la tarde del pasado miércoles, durante la sesión semipresencial de la plenaria de la Cámara, que comenzó a circular un documento que planteaba de frente extender los períodos de Duque y los congresistas, buscando recoger las firmas necesarias para su radicación. El proyecto proponía varios cambios radicales a la Constitución, entre los que se destacaban: unificar elecciones legislativas, presidenciales, departamentales y locales; aumentar a cinco años los períodos de los cargos de elección popular y de fiscal, procurador, contralor y defensor del Pueblo; aumentar a 10 años los períodos de los magistrados de las altas cortes; habilitar la reelección para alcaldes y gobernadores en 2024; congelar los salarios de los congresistas, y prolongar por dos años los períodos de Duque y el Congreso.   Apenas se conoció el documento, el rechazo por parte de la oposición y de una buena parte de la ciudadanía se hizo notorio. A través de medios y redes sociales comenzaron a rondar los nombres de los 23 representantes que firmaron la controvertida iniciativa. La mayoría de firmantes eran del Partido Conservador, pero también había del Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático. Eso sí, se conocían los que avalaban el proyecto, pero no sus autores.   Por otro lado, la molestia de la oposición crecía y sus miembros, especialmente Gustavo Petro, pidieron salir a las calles para rechazar lo que estos consideraron “un golpe de Estado” institucional. Por el Gobierno, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el ministro Palacios rechazaron la propuesta y enfatizaron que esta administración iba hasta el 7 de agosto de 2022.   En la mañana se conoció que los firmantes estaban retirando sus apoyos y existía la posibilidad de que los autores principales presentaran una carta retirando la iniciativa. La propuesta corría riesgo por ambos lados, pues, sin al menos 10 firmas, no podía ser radicada. Mientras se esperaba la muerte oficial del proyecto, al mediodía el presidente Iván Duque le dio la estocada final al confirmar que no buscaba quedarse en la Casa de Nariño más allá del 7 de agosto del próximo año. Saludos,
Tomado de El Espectador