Ante el Tribunal Internacional de Opinión el mandatario magdalenense dejó constancia de su posición y volvió a recriminar una posición de gobierno adversa a su condición de hombre de ideas de izquierda.
La acusación del gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar obedece en primera instancia a la investigación que le anunció la Procuraduría que según su criterio no fue más que defender los intereses populares y marchar con el pueblo durante el Paro Nacional y en una segunda por lo que califica como ‘bloqueos’ de la Presidencia de Duque contra su modelo de gobierno progresista.
El Gobernador del Magdalena, aprovechó el escenario del “Tribunal Internacional de Opinión”. El TIO, es un mecanismo de carácter extrajudicial impulsado por sectores de la sociedad preocupados por la impunidad sobre los crímenes de Estado y la vulneración de los derechos individuales, colectivos y de pueblos. Se inspira en el Tribunal Permanente de los pueblos TPP, organismo internacional no gubernamental instaurado en 1979 que tiene como objetivo transformar en permanente la función iniciada por el Tribunal Russell en 1966 y 1967.
“Nuestro gobierno ha asumido una postura progresista, humanista y garantistas el respeto por los derechos humanos. No solamente rodeamos de garantías la legítima protesta, sino que también apoyamos el justo reclamo de los ciudadanos a las políticas que afectan sus derechos por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Nuestra postura al lado de la ciudadanía es la que ha ocasionado la apertura de investigaciones por parte de la Procuraduría en contra nuestra, a pesar que gobernadores y alcaldes deben tener control y prestar garantías a los derechos, pues parte de los ejercicios democráticos es permitir que la gente se exprese”, manifestó en el evento que se llevó a cabo de manera virtual Caicedo
Respecto a ello, el ejecutivo departamental denunció que “inclusive, insistimos en que se nos entregue el expediente. Mi abogado defensor ha hecho 3 solicitudes para que nos entreguen copia del expediente y saber cómo nos vamos a defender. Yo pienso que le estaban dándole largas hasta que en el Congreso se les aprobara (a la Procuraduría) las facultades de separar del cargo a los funcionarios de elección popular y suspenderlos, porque cuando notifican la investigación -el 2 de junio- todavía no estaba aprobado. Parece que le están dando largas para aplicarnos las nuevas facultades que tienen, que esperamos que caigan por inconstitucionales, pero las usarán transitoriamente y esto salió publicado en la página de la Procuraduría”.
Igualmente, el Gobernador explicó: “Yo sí creo que hay una estrategia en contra nuestra, pues, ha sido sistemático, debido a que hay actores políticos y territoriales que están vigentes y los hemos estado enfrentando. Se trata de personas que han tenido las credenciales de congresistas que se acercan al Gobierno Nacional y a los órganos de control que, en Colombia, de cualquier manera, para ser nominados sus titulares, deben intervenir los congresistas, a quienes le entregan procuradurías y contralorías a nivel regional, poniéndolas a sus servicios para estos procesos persecutorios. Es un asunto coyuntural pues somos parte de un movimiento que viene siendo fustigado, no solamente yo, sino todos aquellos que hacen parte del mismo y han ostentado cargos de elección popular como en su momento le pasó al exalcalde Rafael Martínez y la alcaldesa actual de Santa Marta, Virna Johnson, lo mismo yo”.
Caicedo Omar, insistió que para él es evidente que hay una estrategia en su contra y las investigaciones deberían corroborarlo. Afirmó que detrás de eso están implicados actores políticos como Álvaro Uribe y distintos jefes de partidos en el territorio. “La incidencia que el exsenador y expresidente tiene sobre el Gobierno Nacional es evidente y eso influye en el bloqueo y la persecución en nuestra contra”, afirmó y agregó que él tiene un mandado constitucional para garantizar el cumplimiento de derechos en los territorios y se les limita las garantías a estos derechos al ir bloqueando sus facultades.
El mandatario aprovechó el espacio para también echarle culpas a la Asamblea del Magdalena, de quien dijo: “esta manejada por ellos y la cual, en la mayoría de las veces, no me da facultades para ejecutar el Plan de Desarrollo, que ellos mismos aprobaron”.
Caicedo también reportó que durante el paro se desarrollaron 6 marchas pacíficas en Santa Marta, para las que, previamente, se había reunido con la Policía, el Ejército y los líderes del Comité de Paro, precisamente, en aras de garantizar los derechos humanos de los manifestantes y el respeto a las autoridades por parte de la ciudadanía, con el propósito de lograr unas manifestaciones en paz, cuyo propósito habrían intentado sabotear fuerzas oscuras de la ultra derecha.
“Aquí se generaron algunas acciones aisladas, que no tenían que ver con las protestas, pero desde la cuales quisieron aprovechar políticamente para deslegitimar la protesta. Pero esas personas estaban presuntamente pagos por actores políticos, algo que coincidió con la reacción del expresidente y exsenador Álvaro Uribe. Cada que se levantan las movilizaciones pacíficas se causan desmanes aislados para seguramente generar acciones adversas de la población hacia los marchantes”, concluyó el gobernador Carlos Caicedo Omar.
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