*La Contraloría General de la Nación acaba de archivar la investigación que promoviera el representante a la Cámara Hernando Guido y que en un principio inició Eduardo Díaz Granados
Una nueva victoria judicial para el gobernador Carlos Caicedo y el ex alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez se produjo en las últimas horas, con el archivo de una investigación promovida en la Contraloría General de la República por el entonces representante a la Cámara de los clanes tradicionales, Eduardo Díaz Granados.
Si se recuerda la investigación promovida buscaba demostrar supuestas irregularidades en la ampliación y modernización de las sedes de las IED de Bastidas e Instituto Magdalena, obras iniciadas durante el periodo que Carlos Caicedo fungió como alcalde de Santa Marta y llevadas a buen término en el mandato de Rafael Martínez.
El fallo de la Contraloría, que ordena el archivo del proceso dice textualmente. “Es posible aseverar que el daño que originó la presente investigación queda desvirtuado, Los recursos desembolsados por el DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, como anticipo del Contrato de Obra No. 003 de 2015 y que no fueron amortizados por el contratista SRG CIVIL, ELÉCTRICO, TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S, fueron reintegrados a las arcas de ese ente territorial”.
En otro aparte expresa. “El valor pagado por el DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, al contratista SRG CIVIL, ELÉCTRICO, TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S, por concepto de actas parciales de obra, correspondió a los ítems y actividades contratadas que fueron debidamente ejecutadas por dicho contratista”.
El fallo es decisivo cuando asegura que al tiempo que indica que las obras de ampliación de las instituciones educativas Rodrigo de Bastidas e Instituto Magdalena fueron desarrolladas, como resultado de la ejecución inicial realizada en virtud del Contrato de Obra No. 003 de 2015 y culminadas con la ejecución del Contrato de Obra No. 007 de 2017.
Sobre este fallo el gobernador Carlos Caicedo dijo que finalmente se demostró que lo que hizo en su gobierno fue defender los recursos del distrito. “Seguimos trabajando en favor del pueblo”.
Mas de lo jurídico
Por otra parte, el equipo de la Oficina Asesora jurídica de la Gobernación del Magdalena en manos de José Humberto Torres, anunció que denunciará penalmente al Juez Promiscuo Municipal de Pivijay, Juan Carlos Bonett Pérez, por la decisión adoptada el pasado uno de octubre de un fallo de tutela y contra del gobernador Carlos Caicedo.
Según el abogado Torres, el juez continúa prevaricando al cambiar el contenido del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 que reglamentó la Acción de Tutela al decidir que, en caso de no ser impugnada la sanción de desacato impuesta al gobernador, debe enviarse al superior para que tramite el grado jurisdiccional de consulta.
“Esa es una abierta violación de las normas que regulan la materia, dado que la decisión que impone una sanción por desacato no es apelable”, afirmó el Jefe de Oficina Jurídica de la Gobernación.
Para José Humberto Torres esta forma de administrar justicia pone de presente el grave riesgo en que esta toda una comunidad expuesta al abuso de la posición dominante de algunos jueces.
“Este juez de Pivijay demuestra con sus decisiones una craza ignorancia de las normas que regulan nuestro Estado social de derecho”. El Jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación del Magdalena también salió al paso a las afirmaciones según las cuales el juez ordenó el arresto inmediato del gobernador y al respecto afirmo. “Nada más alejado a la realidad, quienes hacen tan perversas y canallas afirmaciones lo hacen de forma deshonesta, buscando confundir a la opinión pública, propagando irresponsablemente las afirmaciones calumniosas a que están acostumbrados”.
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