Dos juzgados el Séptimo Civil Municipal y Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta, declaran improcedente y deniegan una acción de tutela abriendo un portón a que siga la trilla… como dirían los Betos Villa y Zabaleta.
No se ustedes, bueno yo soy de pueblo y esa condición me hace entender muchas veces el doble, recuerdan cuando en medio de un juego, especialmente con elementos pequeños, trompos, boliches, monedas de plata u otros elementos, en algún momento uno de ellos se extraviaba y luego de buscar y buscar al no aparecer, el dueño decía ¡Burro suelto! Señal para intensificar la búsqueda porque quien encontrara el elemento se quedaba con él.
El otro era ‘La Libertad’, un juego de un gran esfuerzo físico que tenía a un árbol o poste de energía como el referente para llegar y asegurarse, al tocarlo ileso de quien te perseguía, se gritaba ‘Tuche’ o ‘Libertad’, dando pie a una nueva ronda de salida a correr.
Ambas situaciones y juegos traídas al presente me llevan a pensar en su parecido con la realidad política en el territorio y en especial ante el duro enfrentamiento entre el gobernador Carlos Eduardo Caicedo y las diputadas Claudia Patricia Aaron, Elizabeth Molina Campo y Jair Mejía, teniendo como tercer actor a la justicia a través de los jueces de la República.
Deben recordar que Elizabeth Molina, hoy vicepresidenta de la Asamblea, impetró una tutela en aras de proteger el derecho a su buen nombre, a su intimidad y buena honra, para restablecer sus derechos, y se obligara a retractar a quienes ella señala de haberlos vulnerados, esto es al señor Rafael Alejandro Martínez y el gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar.
En esencia la razón primaria de la diputada era evitar que a través de las redes sociales se prohibiera los señalamientos de ambos actores políticos en su contra cuando dicen que ella pertenece a un Cartel de la Salud y de obstruir la administración del gobernador.
En las últimas horas el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta se pronunció en igual sentido que el Séptimo Civil Municipal y considera que todo lo dicho en redes sociales, que es donde se dan estas ‘muñequeras virtuales’ hacen parte del rigor de la libre y espontanea expresión de los seres humanos.
Para la autoridad judicial “no avizora que la precursora del amparo (la diputada Molina) hubiese solicitado al demandado (el gobernador) el retiro, corrección o enmienda de las publicaciones que hoy cuestiona en este escenario. Así mismo, tampoco existe evidencia de haber exteriorizado su reclamo ante las plataformas de Facebook y Twitter en las que se divulgaron los mensajes que reprocha, las cuales tienen habilitadas la opción de denuncia de contenido”, lo que quiere decir que para el juez hay una situación de forma y deja de lado el fondo de la realidad política del territorio.
En calidad de ciudadano de a pie de nuestra amada Santa Marta, cabe entonces pensar que por cada escrito en redes del señor gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar y de la diputada Elizabeth Molina Campo y por supuesto de la presidenta de la duma Claudia Patricia Aaron y de paso Jair Mejía , será el ciudadano quien atienda lo leído y se haga su propia idea de sentir, vivir y convivir con lo dicho, es decir cada quien se hará su propio juicio porque ese fallo no es más que el claro mensaje de gritar ¡Burro Suelto! ¡Libertad!
En otras palabras, es libre de decir el mandatario Carlos Caicedo que Elizabeth Molina, Jair Mejía, Claudia Patricia Aaron “vienen trabajando al servicio del uribismo y los clanes políticos, que son parte de un cartel de la salud, que bloquean el desarrollo, que no merecen ser diputados y mil vainas más… ¿Por qué? Porque está en su libre derecho de expresar lo que le viene en gana y la justicia le respalda, como también a el exalcalde de Santa Marta Rafael Alejandro Martínez que es el otro metido en este embrollo de dimes y diretes ¡Burro suelto!
Pero ese fallo que se celebra por una de las partes con comunicado a bordo y todo, tiene un doble filo, porque como diría el primer juez de tutela: “Prevalecía el derecho a la libre expresión sobre la honra de una figura pública y en muchos apartes constitucionales, quedando claro que la exposición de la vida pública los lleva a soportar cargas superiores a las personas del común”.
De tal forma que si Molina, Mejía y Aaron, no son personas comunes y corrientes, Caicedo y Martínez tampoco, quedando la puerta abierta para que también por la misma vía de las redes sociales se les señale como sucedió hace 72 horas en medio de un debate sobre la salud.
Si Caicedo y Martínez acusan de pertenecer a un Cartel de la Salud, a Aaron, Molina y Mejía, estos acusan a Caicedo de liderar un entramado delincuencial con serias consecuencias precisamente para la salud del departamento.
Desde la Asamblea, le gritan bandido, ladrón, asesino y de cuanta vaina más, pero eso hace parte de acuerdo al juez 1 y al juez 2, consecuencia de una libre expresión y que Caicedo y Martínez tendrán que por ser hombres públicos con capacidad de soportar cargas superiores a las personas del común ¡Libertad!
“Se hace necesario referirse a la libertad de expresión, que tiene toda persona a expresarse frente a lo que considere vea necesario, es por ello que el señor Carlos Caicedo, al considerarse arremetido contra su persona, publica en su cuenta de Twitter su sentir”, afirma el juez
Ante ello hay que decir que en las próximas horas Carlos Eduardo podrá escribir lo que quiera en contra de Aaron, Molina y Mejía, por ejemplo “integrantes de un cartel en la salud, enemigos del pueblo, bloqueadores de proyectos etc.…etc.”. Esa es su libertad de expresión
Así mismo Molina, Aaron y Mejía, podrán gritarle en redes “Emperadorcito, Sátrapa, bandido, ególatra, anarquista, jefe de un cartel, que quiere coger la plata de los magdalenenses para hacer política, mentiroso, enfermo etc.… etc.”. Esa es su libertad de expresión
¡Burro Suelto! ¡Libertad!
