Lo que en un principio se veía como una medición de fuerzas dentro del escenario interno de poder en el movimiento Fuerza Ciudadana, ha escalado de tal forma que hoy hasta se cuestiona la integridad de la justicia colombiana.
“El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación del Magdalena; José Humberto Torres Díaz, anunció hoy que el Gobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar está considerando presentar denuncia penal y queja disciplinaria contra el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay Juan Carlos Bonnet Pérez, quien actualmente tramita la acción de tutela presentada por Mayra Castro Britto, exgerente del Hospital Santander Herrera de Pivijay”. De esta forma se encabeza el comunicado de prensa que ha emitido en las últimas horas la oficina de comunicaciones de la Gobernación.
Si ponemos en contexto la situación, la historia se remonta al 17 de mayo del 2020, cuando el gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar dio posesión a 23 gerentes de hospitales de primer y segundo nivel, ese día en un pintoresco evento el mandatario diría “a través de un proceso de meritocracia y no por cuotas políticas hoy les damos posesión en un día histórico para el Magdalena a 23 gerentes de hospitales”.
Precisamente una de las ganadoras de esa responsabilidad histórica fue Mayra Castro Britto, quien se convirtió en la gerente del Hospital Santander Herrera de Pivijay, de acuerdo a lo dicho en el pueblo una reconocida activista del movimiento Fuerza Ciudadana, naranja hasta la piel.
El tiempo pasó y el pasado 29 de abril la Asamblea del Magdalena citó a un debate precisamente a la gerente del hospital de Pivijay, allí el diputado del Centro Democrático, Jair Mejía, cuestionó que la gerente Mayra Alejandra Castro Brito, hubiese celebrado unos contratos que suman $110 millones en compra de crayolas y cartulinas.
(Los contratos se suscribieron en noviembre y diciembre del año 2020 con la empresa Grafocolor diseño y publicidad, cada uno por valor de $55 millones, que en conjunto suman $110 millones).
“No hay una evidencia que soporte que entregar crayolas y cartulinas vaya a tener una incidencia positiva en la salud pública de los niños de la subregión Río del departamento. Me hubiese gustado que entregara soluciones salinas o hidratación para los niños, y no crayolas y cartulinas que en ninguna medida mejoran la calidad de la salud”, aseveró Mejía ese día.
Ante el cuestionamiento Mayra Castro Brito, no respondió a los interrogantes realizados por los diputados y abandonó la sesión sin que hubiese terminado el debate de control político.
La acción fue reprochada por la presidenta de la Asamblea, “es grave que la Gerente se haya retirado de la sesión. Y creo que esto deberá tener consecuencias ante los órganos de control”, puntualizó Claudia Patricia Aarón.
El tiempo paso y el pasado 6 de mayo la administración departamental, por intermedio del decreto 131, señaló que aceptaba la renuncia Mayra Castro Britto, la cual habría presentado en horas anteriores y le había sido aceptada.
Con ella ya eran seis las renuncias de los gerentes que en el 2020 habían jurado ser los motores de una nueva historia para los hospitales del territorio, sin embargo, estalló el escándalo. Una gerente Eileen Sequeira denunció que ella no había firmado ninguna renuncia y que por el contrario le habían falsificado su rubrica.
Ella que interpuso una tutela regresó a su cargo por orden de un juez y le devolvieron las llaves del hospital de Nueva Granada, pero cuando se creía que este tema moría ahí, saltó la versión que Mayra Correa, la carta de Fuerza Ciudadana en el Hospital de Pivijay también acusaba lo mismo. “A mí también me falsificaron la firma, yo no he renunciado”. Dijo.
Los días pasaron y en la Asamblea, se llevó a cabo un nuevo debate a la salud y sorpresa, no solo fue invitada Eileen Sequeira para que ratificara su versión de que le habían falsificado la firma, sino que se hizo presente virtualmente la ya en ese momento exgerente del hospital Santander Herrera de Pivijay Mayra Castro Brito.
“He pasado un derecho de petición para pedir copia de la renuncia, porque no la conozco, más cuando yo no he renunciado ante el jefe de la oficina de control interno” fue una de las cosas que dijo ante los diputados la señora Castro.
Agregó varios insumos que generaron una gran polémica en el recinto; por ejemplo que se había sentido amenazada cuando en una reunión de la cual hacían parte el gerente de la Central de Transportes Ernesto Castro, la exgerente de la ESSMAR Ingrid Aguirre, le habrían dicho “hay peleas que no se cazan, esta es una de ellas”.
“Yo insisto y está de testigo el personero municipal en señalar que porque iba a renunciar si yo estaba haciendo las cosas bien, pero la señora Ingrid Aguirre con papel y lápiz comenzó a decir quien trabajaba y quien no en el hospital” también expresó ese día.
En el ambiente quedó que al interior del movimiento Fuerza Ciudadana se estaba dando una guerra de poder y que una de sus militantes estaba quedando por fuera del círculo, ella era Mayra Castro Brito.
Los días pasaron y hoy el gobierno de Carlos Caicedo a través de su oficina Asesora Jurídica, encontró en el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay Juan Carlos Bonnet Pérez, un nuevo contendor a quien acusan de parcializado y no entregar garantías judiciales “el pasado viernes el funcionario judicial negó la participación de la Gobernación en las diligencias de declaración jurada recibida a la accionante Mayra Castro y al Personero Municipal de Pivijay”, afirma el señor José Humberto Torres.
Para el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación, a la luz de los postulados constitucionales no es permitido al juez decretar pruebas y después, abstenerse de permitir a la Gobernación, en su calidad de parte demandada, ejercer sus derechos de defensa y contradicción, resultando incontrovertible la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, ostensible la arbitrariedad judicial y la parcialidad a favor a la accionante.
El funcionario departamental también cuestionó la conducta comportamental de la señora Castro Britto, de quien dijo que en procura de sus intereses ha manifestado ser madre cabeza de familia cuando es un hecho notorio, de público conocimiento, que convive con el padre de sus dos (2) menores hijos en un exclusivo sector de Santa Marta, lo anterior se colige en razón a lo manifestado por la propia Castro Britto, quien en sesión de calenda 11 de junio de 2021 ante la Asamblea Departamental del Magdalena, manifestó “que temía por su vida la de su familia, la de su esposo e hijos”, afirmación la cual a toda luces es un indicio más de la inexistencia de tal condición de madre cabeza de familia de la exgerente del Hospital Santander Herrera de Pivijay.
El Jefe Jurídico de la Gobernación denunció también que el 26 de mayo de 2021, quince (15) días después de habérsele comunicado la aceptación de su renuncia, la exgerente Castro Britto, celebró, en representación del Hospital Santander Herrera de Pivijay, un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con Andrea Carolina Collazos Moya, esposa de Álvaro Orozco, hermano del Personero Municipal de Pivijay Ernesto Sierra Orozco, funcionario municipal, que el pasado viernes declaró a favor de la exgerente Castro Britto, lo que evidencia un intercambio de favores con recursos públicos, con la gravedad que el acta de inicio fue firmada por Castro Britto, quien ya no ostentaba la calidad de empleada pública del Hospital.
Pero hay más en esta novela de pueblo y también dio a conocer que, la exgerente Mayra Castro Britto en su instancia en el centro asistencial de Pivijay, suscribió dos contratos con la hija del Juez Promiscuo Municipal de Pivijay, Laura María Bonett Daza, por concepto de prestación de servicio profesional como médico especialista en pediatría. El primer contrato fue el número 1995, $1.200.000 por un día de trabajo, el 23 de diciembre 2020; y el otro contrato es el 204 por valor de 8 millones 800 mil pesos, cuya duración fue desde el 21 de enero hasta el 31 de enero del 2021.
Finalmente el jefe jurídico de la Gobernación José Humberto Torres dice: “Si los jueces de tutela persisten en esa práctica de violar con sus decisiones los derechos de la Gobernación del Departamento del Magdalena, la Administración Departamental no dudará en interponer todas las acciones jurídicas pertinentes para evitar que el ejercicio abusivo de la acción de tutela se convierta, en manos de jueces sin rigor, en una especie de caja de pandora para amparar los más disimiles y reprochables intereses.