La decisión del Gobierno Departamental y la Alcaldía de Santa Marta en manos de Carlos Eduardo Caicedo Omar y Virna Johnson Salcedo, de anunciar que la virtualidad sigue siendo el camino de la educación en el territorio, no es fácil ante la presión que ejercen el Ministerio de Educación, la Procuraduría y la misma Defensoría del Pueblo.
Para las horas de la tarde de este viernes 9 de julio cuando la administración concluya la serie de reuniones que estableció en un cronograma de actividades junto a los actores de la educación pública, se sabrá cuáles son las decisiones tomadas para enfrentar el segundo semestre del año académico.
El gobierno del presidente Iván Duque, a través de su ministra de educación María Victoria Angulo, envió a rectores, profesores, padres de familia y estudiantes un mensaje contundente y con poca vaselina, “El 18 de julio es el retorno a clases presenciales en todo el país”.
A partir de ese momento en el territorio magdalenenses se tejen conceptos, se hacen análisis y cocinan posibles soluciones para enfrentar el mandamiento gubernamental, al rompe y dadas las primeras impresiones, el Magdalena es un departamento con un atraso de 20 años en materia de infraestructura por lo tanto las condiciones no estarían dadas para ese feliz regreso a la presencialidad en medio de una pandemia asesina, que no aguanta juego, que mata a quien le dé la gana y donde su ola de contagio se mantiene, en cifras bajas, pero se mantiene.
“Por instrucciones del señor Gobernador, estamos adelantando una consulta con la comunidad educativa y las autoridades municipales, para analizar las condiciones sanitarias generada por el Covid 19 y recogiendo la opinión de las asociaciones de padres de familias, personeros estudiantiles, rectores y maestros”. Ha dicho a solo días del anunciado regreso el secretario de educación departamental Luis Guillermo Rubio.
Y en efecto el Gobierno ya se reunió con rectores, representantes de los Consejos Directivos de las Instituciones de Educación Departamental, los Personeros Estudiantiles, las Juntas de Padres de Familia, Juntas de Acción Comunal y debe hacerlo hoy con los Alcaldes Municipales, a fin de sacar conclusiones y construir un informe final.
“El tema sanitario es definitivo, los señores alcaldes deben manifestar la situación de los contagios de Covid-19 en sus municipios y la vacunación de los maestros debe estar al 100%”. Dice también el secretario Rubio.
Sin embargo, tomar la decisión que más de 350 mil estudiantes sigan recibiendo clases desde sus casas de manera remota no es fácil, y no es un abrir y cerrar de ojos, un soplar y hacer botellas…
A parte de la presión que ejerce la ministra María Victoria Angulo, de quien el presidente de la asociación nacional de padres de familia, Carlos Ballesteros, en una intervención en el Concejo de Santa Marta, dijo “Lo que pasa es que como la Ministra no tiene hijos, no sabe que es un dolor de parto, le es muy fácil mandar a los hijos ajenos a los colegios a ganarse un Covid-19 que traerá luego a la casa y puede matar al abuelo, al papa, a la mamá o al tío, le parece muy fácil mandar a normalidad academia”. A ella, se le suman presiones como la de la Procuraduría General de la Nación.
Margarita Cabello, exhortó a alcaldes, gobernadores, docentes y directivos a tomar medidas para el retorno de niños, niñas y adolescentes a las actividades educativas presenciales y pidió a los mandatarios territoriales acciones que permitan el retorno de las actividades laborales, contractuales y educativas de los docentes, directivos docentes, personal administrativo y de apoyo logístico.
“Los Niños, niñas, adolescentes y jóvenes han sido unos de los principales afectados por el aislamiento al que nos ha sometido la pandemia, y por esta misma razón no podemos seguir aplazando su regreso a los establecimientos educativos. Los derechos a la educación y a la salud deben ser garantizados y por eso desde la Procuraduría General de la Nación exhortamos nuevamente a quienes tienen el deber y la responsabilidad de asegurar su retorno a clases, en condiciones seguras, a que actúen conforme a los lineamientos que ya han sido emitidos por los ministerios de Salud y educación”, señaló por su parte la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Viviana Mora Verbel.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo fue más allá y dijo: “No retornar a clases presenciales es una violación al derecho a la educación. El colegio es y será un espacio vital de socialización, de protección, de esparcimiento, de recreación, de desarrollo y de aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes, por esta razón, deben retornar a las aulas de manera inmediata”. aseguró Carlos Camargo.
En Colombia, la población estudiantil cumple 450 días sin asistir de manera presencial a las aulas de clase. Según el Ministerio de Educación, de 9.715.438 estudiantes matriculados en 2021, solo el 16% ha iniciado el proceso de alternancia, lo cual representa una violación al derecho a la educación y al desarrollo integral de esta población. Se explica con cifras desde el Ministerio Público.
“La priorización de la vacunación de los maestros y maestras en la fase 3 del Plan Nacional de Vacunación responde a la necesidad imperiosa de retornar a la presencialidad con el fin de mitigar el impacto educativo, psicológico y social que impone el hecho de llevar más de 14 meses con esquemas remotos de educación virtual y no presencial en un país donde el 55.18% de los estudiantes no cuentan con internet ni con computador en casa”, afirmó el Defensor Camargo.
En octubre de 2020, el Ministerio de Educación giró 400 mil millones de pesos por medio del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) a Entidades Territoriales Certificadas (ETC), para cofinanciar la adopción de medidas de bioseguridad que permitan garantizar una alternancia segura, y a la fecha solo se ha ejecutado el 50,3% de estos recursos. En 2021 se adicionaron $187.000 millones a los fondos educativos de los colegios oficiales y $200.000 millones destinados a obras de mejoramiento de los colegios rurales.
De acuerdo a lo dicho por los secretarios de educación del departamento y el Distrito de Santa Marta, aquí llegaron 4.200 millones para Santa Marta y más de 1.500 para el departamento, sin embargo, solo apenas se habla de iniciar contratación para la compra de dichos elementos.
Ante la pregunta ¿Está su colegio preparado para el regreso a clases? Hecha al rector de la IED San Juan Bautista de El Retén, Jorge Luis Hernández, una de las mejores instituciones del departamento, responde: “La IED San Juan Bautista como cualquier cantidad de instituciones del departamento del Magdalena no está 100% preparada para el regreso a la presencialidad ya que con nuestros propios recursos aún estamos en el proceso de adecuación de espacios, baterías sanitarias, instalación de lavamanos, áreas administrativas, aulas de clases y demás espacios de la escuela. Esperamos para el 15 de julio ingresar a la presencialidad, si no en un 100%, si en un alto porcentaje de la población estudiantil y de docentes”.
En ese mismo municipio pasa todo lo contrario en otra institución la IED Euclides Lizarazo, en donde de 65 profesores, 61 dicen que la institución no está en condiciones para el regreso y los padres de familia y personeros también lo aseguran, “baterías sanitarias, baños y otras infraestructuras siguen en muy mal estado antes en y después del tercer pico de pandemia”, asegura el profesor Moncho Guerrero.
A este tipo de situaciones se suma un extenso y argumentado informe por parte del Sindicato de Educadores del Magdalena EDUMAG, al que llamó ‘Cruzadas por la Vida’ en donde concluye que el departamento del Magdalena en un 98 por ciento no está en condiciones para el regreso. «No estamos en condiciones para regresar, eso es claro y evidente», afirma Maria del Carmen Ceballos.
No obstante que esta tarde es la hora cero por parte del Gobierno Departamental y Distrital para el caso de Santa Marta, hay un actor fundamental. Los padres de familias, quienes serán finalmente, los que den el consentimiento para que sus niños regresen a la presencialidad.
Hoy lo que más suena a 72 horas de un posible regreso de los colegios privados y a días del regreso de los oficiales, es un regreso gradual, progresivo y sin duda. Seguro, no con mínimas, sino con máximas garantías.
