Por: Fernanda Torres Tovar / ftorres@elespectador.com / @FERNANDATORREST
Una verdad a medias: El asesinato sin esclarecer del excongresista Ricardo Villa Salcedo ocurrido en Santa Marta en 1992
El comunicador social- periodista samario, Ernesto Fidel Villa Sánchez, entrega declaraciones al periódico El Espectador sobre la muerte de su padre hace 29 años, hecho que marcó la historia política y social de la ciudad en ese entonces y que sigue en la mente de muchos samarios y si duda entre los familiares del reconocido líder político, Ernesto que cuando los hechos era un niño, hoy reclama que el legado de su padre permanezca como ejemplo de democracia y lucha social.
Conocer el proceso judicial y ser reparados como víctimas es la intención de los familiares del senador liberal Ricardo Villa, quien falleció, al parecer, por denunciar el despojo de tierras en Santa Marta en los años 90.
A unos meses de que se cumplan 29 años del asesinato del exsenador samario Ricardo Julio Villa Salcedo, ocurrida en diciembre de 1992, el caso volvió a sonar por cuenta de una acción de tutela que presentó a la Corte Suprema de Justicia su hijo Ernesto Fidel Villa Sánchez. Con esa acción buscaba ser declarado víctima en el proceso y conocer detalles de la investigación que vincula a Hernán Giraldo Serna, exjefe del Bloque Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien fue condenado por la muerte del excongresista liberal. El alto tribunal le dio parcialmente la razón a la familia del congresista, siendo esta la primera decisión judicial que se toma en el expediente en varios años.
Su hijo le dijo a El Espectador que espera que, con las órdenes que impartió la Corte, por fin se sepa la verdad y se reconozca el legado que dejó su padre. En la demanda consta que su padre, quien fue político, comunicador social, abogado y defensor de derechos humanos, fue asesinado por sus denuncias sobre despojo de tierras por parte de urbanizadores piratas que operaban en la costa colombiana y por las denuncias que presentó sobre supuesto fraude electoral en favor de Hugo Gnecco Arregocés, exalcalde de la capital de Magdalena. Villa Salcedo recibió siete impactos de bala y fue trasladado al Hospital Central de Santa Marta, donde falleció. La muerte del político de 49 años fue adjudicada al exparamilitar Giraldo.
Sobre el llamado “patrón de la Sierra” reposan varias condenas por más de 330 crímenes de guerra, incluyendo desapariciones, homicidios, extorsiones y violencia sexual contra decenas de mujeres, entre ellas menores de edad. Hernán Giraldo, hoy de 72 años, regresó al país en enero pasado tras purgar una pena de doce años en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Sus asuntos judiciales pendientes en Colombia están en manos de Justicia y Paz, el escenario judicial creado para juzgar a los exmiembros de las Auc. En el marco de las versiones libres que dio en esa jurisdicción entre 2007 y 2008, Giraldo relacionó el asesinato del líder político.
En una primera ocasión mencionó que, si bien él era responsable del crimen, integrantes del clan Gnecco también estaban vinculados en ello. No obstante, cuando en diciembre de 2018, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla lo sentenció a él y a otros integrantes del grupo paramilitar, no se compulsaron copias para investigar estos hechos. La pena no sumó más de ocho años, la estipulada en esa justicia transicional. A su llegada a Colombia, la Fiscalía recibió al exjefe paramilitar con varias investigaciones por delitos contra menores de edad y además con la continuación de imputaciones parciales que se habían quedado frenadas cuando se lo llevaron al extranjero.
Y aunque el caso llevaba varios años frenado, en el expediente reposa que la Fiscalía, en octubre de 2020, solicitó audiencia de formulación de cargos contra Giraldo y otros exmiembros de las Auc bajo el mismo radicado que investiga la muerte del congresista Villa. Con lo anterior el organismo investigativo abrió la puerta a que la familia Villa sea reconocida en el proceso como víctima. Esa solicitud la plasmaron en la acción de tutela; pero las pretensiones van más allá de la reparación. Se trata de indagar, por ejemplo, el motivo por el cual en las audiencias de 2007 y 2008 las autoridades no tuvieron en cuenta las versiones entregadas por los paramilitares en las cuales mencionaron al clan Gnecco como posible responsable del asesinato del líder político.
De ahí que en la solicitud a la Corte también se pide un reporte del expediente que adelantan hace más de dos años, cuando se emitió la primera condena por los hechos. En materia de amenazas y reparación, la familia Villa le dijo al alto tribunal que desde que falleció el político han sido víctimas de hostigamientos y desplazamientos. El núcleo familiar (que estuvo conformado por Sara Sánchez, esposa del político asesinado, sus hijos Camila, Ricardo y Ernesto Villa Sánchez) se vio obligado a desplazarse de su lugar de origen por cuenta del temor que ejercieron los grupos armados. Años más tarde, cuando retornaron, encontraron el mismo panorama.
Ernesto Villa aseguró que denunció esta situación ante la Fiscalía y desde entonces se ordenaron medidas de protección con visitas regulares de cuadrante a los lugares de residencia. Sin embargo, “han sido poco eficaces”, según dijo a este diario. El llamado de seguridad también lo elevaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que, dice, no les ha brindado garantías. Sumado a las actuaciones judiciales y de seguridad, el hijo del político también denunció que ha elevado un sinnúmero de acciones tendientes a ser reparados como víctimas; no obstante, solo resultó ser efectivo para Sara Sánchez, su madre, reconocida para reparación administrativa durante 2018 por parte de la Unidad de Víctimas.
En respuesta a todas las pretensiones del hijo del excongresista Villa, la Corte Suprema de Justicia, con fallo de tutela de primera instancia, le dio la razón en dos de sus aspiraciones. Exhortó a la Fiscalía General para que entregue un informe “claro y suficiente” que permita conocer el estado del proceso judicial que se surte en contra de Giraldo Serna. Igualmente, debe propiciar mecanismos y oportunidades tendientes a garantizar la participación como víctima en el caso. Con esto también incitó a la Defensoría del Pueblo a que informe a Villa Sánchez sobre el procedimiento que debe seguir para que le asignen un defensor público.
En cuanto a las amenazas que denunció Villa, la Corte Suprema solicitó un informe a la UNP en el que le mencionaron que no se han vulnerado sus derechos en materia de seguridad, debido a que no había solicitado el estudio de riesgo con el que se activaba una ruta especial para designarle protección. Así, el alto tribunal aseguró que “resulta necesario que previamente acuda a la entidad y ponga de presente las situaciones que han amenazado la integridad y seguridad propia y de su familia”. En materia de reparación, la Corte aseguró que Villa Sánchez no acreditó circunstancias de mayor vulnerabilidad, como tampoco las barreras para acceder a reclamar una indemnización por vía de la justicia administrativa.
En diálogo con El Espectador, Villa Sánchez aseguró que como víctimas indirectas se les han vulnerado sus derechos. “Por un lado, la Defensoría del Pueblo, a pesar de nombrar abogados públicos, no actuó de manera eficaz en el proceso en representación nuestra. Sin ninguna consideración dejaron pasar audiencias de reparación y demás diligencias en las que se han podido aportar pruebas o lograr una reparación. Es más, ni siquiera se pusieron en contacto con nosotros. Ni la Fiscalía 10 de conocimiento ni el Tribunal de Justicia y Paz con sede en Barranquilla, a pesar de estar reconocidos como víctimas, nos llamaron a ninguna audiencia”. Por lo anterior, el hijo del político no descarta llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición en contra del Estado.
“Hemos presentado derechos de petición, acciones de tutela, desde hace años por la verdad, justicia y reparación integral”, dijo Villa Sánchez, pues a su juicio nada ha ocurrido, pese a que han pasado por todas las instancias. “Consideramos que este homicidio aún está en la impunidad. A pesar de la controvertida confesión del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, para recibir beneficios de Justicia y Paz sin aportar al esclarecimiento de la verdad. Aún lo puede hacer, ahora que regresó de su extradición. Además, los entes investigadores del Estado no han actuado de manera contundente para judicializar a los reales perpetradores de este crimen”.
